La cuestión nacional en la guerra civil española

Estatuto de Nuria. Autor Desconocido. Imagen de dominio público via Wikimedia

Entre las contradicciones sociales y políticas que no consiguió resolver la II República estuvo la estructuración democrática del estado. Si bien el motor del conflicto fueron las reivindicaciones sociales con el movimiento obrero como protagonista, estas se expresaron también a través de los problemas nacionales no resueltos por el Estado centralista monárquico.

En el transcurso de la II República hay que distinguir dos fases: la primera de 1931 a 1933 corresponde al debate sobre la articulación del Estado y la Constitución, con el movimiento nacional catalán presionando hasta la aprobación del Estatut de Núria en 1932. Esta fase acabó con el triunfo reaccionario en 1934 de la CEDA de Gil Robles (bienio negro con la contrarreforma agraria y la involución patronal y autonómica), mientras los sectores autonomistas conservadores gallegos, vascos y catalanes ensayaban sin éxito una “Tercera Vía” conciliadora.

La segunda fase se caracteriza por la asunción del autonomismo por la izquierda y la preparación del Frente Popular y se desarrolla hasta la caída del gobierno Largo Caballero en 1937 con el proceso de concentración de poder del gobierno Negrín que impidió concluir el Estatuto valenciano y limitó seriamente las competencias de los gobiernos catalán y vasco. El curso de la guerra puso en solfa a las burguesías autonomistas y reveló los límites de sus nacionalismos, como trataré de revisar brevemente.

En diversos lugares del estado surgieron reivindicaciones culturales y políticas (Andalucía, Aragón, Galicia…) y en el País Vasco y Catalunya se extendieron movimientos de masas transversales reivindicando soberanía y buscando enlazar con los proyectos federalistas que habían sido reprimidos en la Revolución de 1868. El examen de estas cuestiones y el comportamiento de cada clase social ante ellas es necesario para comprender el desarrollo de la contienda y sacar conclusiones útiles, más allá de los mitos y lugares comunes que pueblan la historia vulgar.

Los Estatutos catalán, vasco y otros intentos frustrados

El 14 de abril se produjo la proclamación de la efímera República Catalana por parte de la recién constituida ERC, mayoritaria en las elecciones. El Gobierno central republicano la recondujo, bajo amenaza militar, a una negociación estatutaria concretada en el citado Estatuto donde el Estado retuvo toda la soberanía y cedió varias competencias, sobre todo las de cultura y enseñanza, aunque el debate parlamentario recortó significativamente el proyecto, con retrasos y enmiendas limitadoras, mientas la derecha organizaba campañas anticatalanas. Aún así el General Sanjurjo se sublevó el 10 de agosto de 1932 en Sevilla invocando el orden y la “integridad de España” que veía en peligro inminente por la “indisciplina social” y la coalición de izquierda. La intentona fracasó y el Estatut recortado fue aprobado en Setiembre de 1932, sin dar satisfacción a las aspiraciones sociales del pueblo catalán. El conflicto más grave lo produjeron los terratenientes catalanes invocando la inconstitucionalidad de la “Llei de contractes de conreu” con la que el gobierno catalán trataba de resolver los problemas históricos de la explotación agraria. El Tribunal de Garantías Constitucionales la anuló.

La burguesía vasca tenía en 1931 una fuerte influencia clerical y conservadora, de modo que el proyecto de Estatuto vasco -incluyendo Navarra- que se debatió en Estella en Junio estaba orientado a mantener el orden social y los privilegios de la Iglesia. El PNV estuvo aliado con los carlistas hasta que estos viraron hacia el fascismo. En 1933 se aprobó el Estatuto de Autonomía sin Navarra donde fue rechazado con el carlismo en contra. El PNV tuvo el apoyo del PSOE y sufrió la escisión por la izquierda de ANV.

La involución derechista de las elecciones de 1934 y el fracaso del levantamiento del 6 de Octubre -nuevo intento de proclamar un Estado Catalán- dieron lugar a la suspensión del Estatut y al encarcelamiento del gobierno autónomo, aunque la peor parte la llevaron los trabajadores de Asturias y los sindicalistas catalanes que intentaron resistir. La represión feroz y la involución fueron los antecedentes de la victoria electoral de las izquierdas en el 36 (señalado por Andreu Nin en su artículo “Después de las elecciones del 16 de febrero” al valorar la insurrección del 34 como precedente del ascenso de las masas).

El ejemplo catalán de autogobierno impulsó los demás autonomismos peninsulares a reclamar sus propios Estatutos de Autonomía, que rigieron poco tiempo (País Vasco) o no llegaron a proclamarse debido al golpe militar franquista y la represión que le siguió. En Andalucía, donde había unas Bases para el Estatuto de Autonomía aprobadas en la Asamblea de Córdoba de 1933 y las Diputaciones reanudaron los trabajos para su aprobación en 1936, el alzamiento fascista impidió hacerlo y su impulsor Blas Infante acabó fusilado en una cuneta de la carretera de Carmona a Sevilla. Algo similar ocurrió en Canarias, donde las Mancomunidades de Tenerife y Las Palmas prepararon el 15 de Julio de 1936 las bases para un estatuto y un concierto fiscal que no llegaron a debatirse por el golpe inmediato de Franco. Igualmente abortó en Baleares la reivindicación autonomista encabezada por el Partido Regionalista, partido de la derecha que no encontró espacio ante la agudización de la lucha de clases. En Aragón se habían reunido los grupos regionalistas con sectores de la izquierda republicana y socialista en el Congreso de Caspe, en los primeros días de Mayo del 36, para redactar un Estatuto que fue respondido con otro proyecto conservador por la oligarquía y abandonado enseguida al estallar la guerra y quedar dividido el territorio por los frentes. Las organizaciones de base de la izquierda tenían también proyectos de Estatuto en Galicia y en Castilla desde la victoria electoral de febrero del 36, que no llegaron a debatirse debido a la supresión de las libertades democráticas. En los territorios controlados por los dos bandos enfrentados se produjo un desplazamiento político de la cuestión nacional pasando a primer plano la lucha social y la pequeña burguesía autonomista o nacionalista no fue capaz de mantener un papel independiente y se plegó al centralismo y al aparato del estado. Las familias de la gran burguesía, incluidas la vasca y catalana, se alinearon con el golpe desde el principio, con pocas excepciones.

La respuesta al golpe militar produjo un proceso de auto-organización obrera y popular que también recogió espontáneamente las aspiraciones de autogobierno al constituir Consejos Comarcales y Juntas de Defensa Territoriales en las distintas provincias, compuestos por los organismos de democracia directa y las organizaciones obreras. De este modo se comprueba que cada clase social expresa el nacionalismo a su modo y que el progreso en las conquistas democráticas, incluidos los derechos nacionales está estrechamente unido al estado de la correlación de fuerzas entre la clase obrera y el estado burgués, igual que para las reivindicaciones sociales (J.Stalin escribió en 1904 en “¿Cómo entiende la socialdemocracia la cuestión nacional?” que la cuestión nacional sirve intereses distintos en distintas épocas y adopta diversos matices conforme a la clase que la plantea).

Los nacionalistas catalanes y vascos durante la contienda

La victoria de las izquierdas en las elecciones del 36 facilitó el restablecimiento de la Generalitat y aceleró los traspasos de competencias y servicios al Govern de ERC (partido mayoritario en el Parlament y sobrerrepresentado respecto a la base de votantes del Front d’Esquerres, que seguían a los sindicatos obreros, principalmente a CNT). El 19 de Julio las bases sindicales encabezadas por los Comités de Defensa derrotaron al ejército sublevado en Catalunya y organizaron el poder popular y las milicias, teniendo la Generalitat a su merced pero sin sustituir formalmente a su gobierno. En esta etapa se reorganizó la economía nacional incorporando y legalizando las ocupaciones de fábricas y las colectivizaciones agrarias sobre todo por la necesidad de poner en marcha las fuerzas productivas ante la huida y la hostilidad de los propietarios. Con el protagonismo de las masas trabajadoras, la Generalitat catalana se convirtió en un “quasi estado” asumiendo la defensa, el orden público, el comercio exterior y hasta las relaciones internacionales. La pugna por recuperar el control del poder para las instituciones enfrentó a ERC y PSUC con los Comités revolucionarios. Tras los hechos de Mayo de 1937 acabó el doble poder revolucionario pero la Generalitat perdió buena parte de sus competencias que fueron directamente ejercidas por el Gobierno central republicano al recuperar este la iniciativa política tras la represión y también debido a los reveses militares que redujeron su capacidad de actuación.

El PNV se presentó en solitario a las elecciones del 36, aparte del Frente Popular. La derecha tuvo mayoría en Álava y Navarra -donde el General Mola preparó el levantamiento- y el PNV se debatió entre ambos extremos y su dirección tuvo una posición contradictoria ante el golpe militar (en Álava y Navarra donde triunfó, lo aceptaron directamente o entorpecieron la resistencia popular, en Guipúzcoa se dividieron y en Vizcaya cedieron la iniciativa a las bases nacionalistas y a los trabajadores organizados). D este modo, las milicias nacionalistas entraron en fuego tarde y mal preparadas, sobre todo con el apoyo del sindicato STV y superadas en número por las milicias anarquistas y socialistas. La dirección del PNV hubiera preferido la neutralidad y trató de mantener el “orden” republicano evitando un proceso revolucionario y que las fábricas fuesen colectivizadas. Con una dirección militar derrotista y una defensa deficiente (el ingeniero del Cinturón de Hierro de Bilbao se pasó a Franco con los planos), los batallones vascos pronto resultaron derrotados. Tras la caída de Bilbao la dirección del PNV rehusó seguir defendiendo el frente norte en Cantabria y Asturias y las tropas vascas se rindieron al cuerpo fascista italiano. El Gobierno Vasco se refugió en Catalunya, ya sin contenido real y el bando franquista pudo tomar y poner en funcionamiento a su servicio todas las industrias y minas de Vizcaya: el equilibrio militar se inclinó decididamente a su favor.

Con su victoria, Franco abolió los Estatutos e inició la más feroz represión, la prohibición de todo lo catalán y vasco y una agresiva asimilación cultural. La conclusión es obvia: los intereses de clase de la burguesía prevalecieron sobre las cuestiones nacionales. Las clases populares llevaron el peso de la defensa de las conquistas democráticas, con la clase obrera en cabeza. Sólo el proletariado puede aportar la solución definitiva al problema nacional, convirtiéndolo en un factor revolucionario.

Toni Marcó – 25/02/2016

 

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