La educación durante la Guerra Civil

Foto de Javier Enjuto (CC) via Flickr

La renovación pedagógica republicana.

En 1931 el analfabetismo era del 33% y llegaba al 60% entre las mujeres de las regiones españolas del Sur. La 2º República puso en marcha un amplio plan de reforma educativa desde el gobierno reformista, con los ministerios de Justicia y de Instrucción Pública de Fernando de Los Ríos, Marcelino Domingo y Rodolfo Llopis. Se trataba no sólo de erradicar el analfabetismo construyendo y equipando escuelas en todo el territorio sino también de cambiar los métodos y el enfoque educativo produciendo cambios decisivos respecto a la religión la familia y la enseñanza. Se promovió la enseñanza laica, la escuela unificada y la autonomía regional con bilingüismo, incorporando la enseñanza de las lenguas autóctonas de las nacionalidades junto al castellano. Estos cambios se inspiraron en las experiencias racionalistas, los movimientos de escuela activa, observación de la naturaleza, etc. y siguiendo postulados de renovación pedagógica de entidades como la Institución Libre de Enseñanza para mejorar la formación de los maestros y profesores, además de mejoras laborales en colaboración con los ayuntamientos. Se crearon 27.000 plazas nuevas de maestros , se promulgó la Ley de Construcciones Escolares de 1932, se creó la Universidad Popular y se hizo la reforma de la Escuela Normal.

Los jesuitas y otras órdenes religiosas que controlaban la enseñanza media fueron apartados y sustituidos por seglares, pasando los centros a control público. La enseñanza religiosa católica dejó de ser obligatoria en la escuela primaria y en centros públicos. Las escuelas parroquiales, que solían estar a cargo del cura rector, fueron suprimidas. La reacción de la Iglesia y el Vaticano fue de oposición furibunda a la pérdida de sus privilegios y apoyó al golpismo, siendo además el voto católico determinante para la victoria de la CEDA en 1934, cuyo efecto fue la paralización y reversión de las reformas. El giro conservador suprimió la autonomia universitaria, recortó el presupuesto educativo, disolvió instuciones y patronatos y reprimió a destacados profesores como Pompeu Fabra, José Xirau, Bosch i Gimpera…(1).

El triunfo de la izquierda en las elecciones de febrero de 1936 permitió reanudar las reformas educativas con distintos niveles de realización hasta que fueron de nuevo abolidas por el régimen de Franco en la zona sublevada.

En Catalunya tras sofocar la rebelión militar se decretó el 27 de Julio de 1936 la creación de CENU (Consell de l’Escola Nova Unificada) inspirado en principios revolucionarios como el trabajo, la fraternidad y la solidaridad universal, la coeducación, la gratuidad, la aconfesionalidad, el respeto a la lengua materna y la supresión de todo tipo de privilegios para propiciar una sociedad más justa (2). El CENU coordinó los servicios del Estado, los ayuntamientos y la Generalitat para la planificación educativa y la escolarización total obteniendo prioridad presupuestaria a pesar del esfuerzo de la guerra. Los edificios escolares religiosos o privados fueron incautados y se crearon 128.000 plazas escolares con un acelerado plan de construcción de centros. Se convocaron 2.500 plazas de maestros con la colaboración de los sindicatos -incluso con universitarios sin título- para paliar la gran escasez de docentes. Por primera vez los enseñantes tuvieron como obligatorio el conocimiento del catalán para lo que se facilitó su aprendizaje junto con otras medidas de reciclaje didáctico. Hubo algunas destituciones, traslados y excedencias del personal más conservador y opuesto a las reformas, pero la gran mayoría siguieron en sus puestos: no hubo represión sino que sólo se tomaron garantías de que los responsables aplicarían las medidas renovadoras. El conjunto de la oferta educativa puesta en marcha por el CENU, con la generalización y reforma de la escuela primaria, las escuelas técnicas. la formación profesional, los ciclos de bachillerato y universidad, junto con los métodos democráticos y participativos de gestión constituyó el sistema educativo más avanzado conceptualmente de Europa. Las disensiones entre CNT y UGT y la marcha de la guerra con la llegada de miles de refugiados difíciles de alojar y escolarizar, los bombardeos y la escasez de alimentos dificultaron la realización del Plan General de la Enseñanza desde 1938.

La represión franquista.

El golpe militar de 1936 supuso un corte radical y un cambio completo de valores educativos y culturales. Los maestros fueron acusados de ser los instigadores de los males de la República y la profesión fue sometida a una “depuración” brutal para expulsar y reprimir a todos los que no fueran “afectos” a la doctrina política nacional-fascista y la religión católica de estricta obediencia jerárquica. El decreto de Franco del 8 de noviembre de 1936 decía: “El hecho de que durante varias décadas el Magisterio, en todos sus grados y cada vez con más raras excepciones, haya estado influido y casi monopolizado por ideologías e instituciones disolventes, en abierta oposición con el genio y tradición nacional hace preciso que, en los momentos por que atravesamos, se lleve a cabo una revisión total y profunda en el personal de Instrucción Pública (…) extirpando así de raíz esas falsas doctrinas que con sus apóstoles han sido los principales factores de la trágica situación a que fue llevada nuestra patria.”

La Ley Depuradora del 7 de Diciembre de 1937 lanzó la represión sobre el colectivo de enseñantes: 7000 maestros presos, muchos de ellos asesinados, el 70% del profesorado universitario tuvo que exiliarse o fue expulsado…

Los métodos para la depuración partían de informes inquisitoriales donde los maestros eran interrogados sobre sus opiniones, afiliación sindical o política, actividades políticas y costumbres religiosas, también el comportamiento moral de sus compañeros, familiares y conocidos, etc. durante el período anterior a la guerra, exigiendo la delación como prueba de adhesión al “Movimiento”. Alegar desconocimiento o falta de recuerdo de los detalles era suficiente para ser considerado sospechoso y sancionado. La represión no fue homogénea en todas las provincias y se aplicaron medidas muy diversas. En Catalunya, la provincia más “depurada” fue Barcelona, seguida por Girona, Lleida y Tarragona (3). Uno de cada seis maestros fue expulsado de su trabajo (23,6% de los hombres y 9,51% de las mujeres), hubo además un 22,34% de desterrados o trasladados forzosos, la mayoría a provincias alejadas de Catalunya. El resto fueron enviados a destinos rurales mal comunicados o a barrios marginales. Hubo también numerosas suspensiones de empleo y sueldo (3,45%) e inhabilitaciones para cargos de responsabilidad (15,87%).

Las vacantes producidas por la represión fueron repuestas a base de “oposiciones patrióticas”, concursos donde no se requerían conocimientos, sino acreditar ser ex-combatiente franquista, mutilado o herido, ex-prisionero de los “rojos”, etc. o tener familiares directos con tales “méritos”.

El monopolio de la educación volvió a la Iglesia Católica, que recuperó el negocio y el control ideológico; el Estado quedó como subsidiario para cubrir las necesidades donde la Iglesia no pudiera o no tuviera interés. Volvió la separación por sexo a los centros escolares y desde 1938 se exigió a todos los jóvenes la obligación de afiliarse al Frente de Juventudes de la Falange Española para poder cursar el bachillerato o participar en actividades culturales y deportivas. Los presupuestos de educación se redujeron y la creación de centros escolares estuvo parada más de 20 años. La libertad de cátedra y cualquier forma de enfoque científico en las ciencias sociales desapareció en un clima de miedo y ominosa sumisión al ideario rancio del nacional-catolicismo.

(1) J. PONT – R. INIESTA, “La Utopía Obrera”. Pág. 333-343

(2) ROSA MORET, “L’evolució de l’ensenyament a la ciutat al llarg del s.XX”. Pág. 72-75

(3) SALOMO MARQUES, “Ensenyament republicà vs. ensenyament franquista. La repressió del magisteri”, Pag. 4-11

Toni (Barcelona- 25-05-2016)

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