11 de septiembre de 2017.


Es el momento álgido antes de la más que previsible caida en picado de un proyecto político que empieza a ser cada vez más evidente ha caido en desgracia.

Desde que comenzó el Procés, ríos de tinta han corrido sobre el posicionamiento de la izquierda independentista en este país, empezando por su alianza con la burguesía catalana en un momento en que las fuerzas de izquierda están lejos de tener la predominancia, lo que ha supuesto en la práctica la pérdida completa de su independencia (valga la ironía) de clase. Así la IE, vía la CUP pero sin críticas públicas desde otras organizaciones de su ámbito, no sólo le dió el Gobierno a CiU, sino que le aprobó los presupuestos de Catalunya y la moción de confianza al paladín de Mas, Carles Puigdemont. Todos estos movimientos no hicieron más que desprestigiar a la CUP y en general a la IE entre grandes sectores de sus propios votantes, independentistas o no. Sin embargo, parecía que todo era necesario para conseguir el bien mayor, que ha pasado, prácticamente sin darnos cuenta, de conseguir la independencia del Estado Español a conseguir un Estado propio.

El origen de esta reivindicación comienza en Catalunya a principios del siglo XX, a imagen y semejanza de Irlanda. En épocas más recientes no es sino a partir de 2009 que diferentes voces del mundo de la economía, política y cultura empiezan a exigir un Estado para Catalunya como solución a todos los problemas del país, especialmente los sobrevenidos por la crisis económica. Desde entonces, la retórica del estado propio ha ido calando en la izquierda anticapitalista hasta lo inconcebible. Hace sólo unos días, la diputada de la CUP Mireia Boya defendió la actuación de los Mossos frente a los presuntos responsables del atentado del 17 de agosto, incluso el hecho de reducir a uno de ellos acabando con su vida, utilizando la primera persona del plural para afirmar, literalmente, “hemos actuado como un Estado, independientemente del Estado Español”[1]

Frente a la idealización de la posibilidad de que esté por nacer el tan deseado Estado catalán (y que esto suponga alguna mejorar para los trabajadores) la realidad nos demuestra en los hechos una tendencia a la centralización del poder estatal, a raíz del atentado. Por una parte por la colaboración de facto de los diferentes cuerpos represivos autonómicos y estatales, por otra parte por la participación en el Pacto antiterrorista (aunque fuera como observadores) de los partidos nacionalistas y Podemos. El otro hecho que ha potenciado el poder represor del Estado y que sin embargo ha pasado desapercibido es el Pacto de Estado contra la violencia machista, un paquete de 200 medidas y financiación de 1,000 millones de euros, que modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género (LIVG) de 2004.

Esta ley establece medidas de “protección de la víctima”, restrictivas de sus derechos, que se ejecutan de forma automática, independientemente de su voluntad, ya que establece que el delito de violencia de género es público (es decir, estatal) y por tanto perseguible de oficio sin ratificación necesaria por parte de la mujer; considera como agravantes circunstancias puramente objetivas, como por ejemplo que el hecho se realice en el domicilio común; prohibe en todos los casos la mediación; e incorpora medidas como la imposición obligatoria de la pena de “alejamiento” con independencia de la gravedad, del riesgo existente o del criterio de la víctima.

El pacto de Estado contra la violencia de género además refuerza los cuerpos policiales, suprime atenuantes como la confesión del crimen o la reparación del daño, suspende la custodia compartida, el régimen de visitas y las visitas de los hijos menores a la cárcel, incluso en los casos en que este sea el deseo expreso de la mujer, considera a la mujer como necesitada de protección estatal aunque no haya interpuesto denuncia… En pocas palabras, tiende a victimizar a las mujeres y criminalizar a los hombres, abriendo muchas posibilidades de que hombres inocentes sean procesados y encarcelados y que muchas mujeres se vean inmersas en un proceso que una vez comenzado no pueden controlar. Y todo eso para nada, porque nada habla la ley de cambiar las raíces de esa violencia que dice combatir.

Esta ley supone en la práctica una intromisión del Estado en las relaciones afectivas en el marco de la pareja ya que define la violencia de género como aquella que se da, exclusivamente en el ámbito de una relación sentimental, donde la víctima es una mujer. Cualquier manifestación de agresividad que surja dentro de esa relación de pareja se considera violencia de género y tiene relevancia penal. Excluyendo así toda violencia que pueda emanar o se pueda producir en otros ámbitos, como el própio Estado, los cuerpos represivos, el poder judicial, la Iglesia, los centros educativos, los centros de trabajo, etc

Desde el comienzo de la crisis muy especialmente, la política de recortes en servicios proporcionados por el Estado así como la rebaja de las condiciones laborales ha supuesto en la práctica un ejercicio de la violencia contra las mujeres (trabajadoras) de mucha más gravedad que la violencia ejercida en el seno de la pareja, causando muertes, suicidios, enfermedades físicas y mentales… Además de ser una de las causas de la violencia en el seno de la pareja. Podría uno pensar que al Estado sólo le interesan las mujeres (trabajadoras) cuando le sirven como excusa para poner en marcha mecanismos de control y represión.

Si el terrorismo es la excusa para poner nuestra actividad política aún más bajo escrutinio policial, la violencia de género se está convirtiendo en la excusa para poner nuestra vida íntima bajo tutela del Estado. De denunciar las torturas y la represión a pedir refuerzos policiales, de exigir derechos a minar la presunción de inocencia, de reivindicarnos como iguales a que nos definan como “sujetos vulnerables”, la izquierda en general, con honrosas excepciones, nos estamos tragando el anzuelo del Estado protector, catalán o español. Sin darnos cuenta que las medidas que se pueden aplicar a los “yihadistas” se pueden aplicar a los independentistas en un momento dado[2] o que la falta de presunción de inocencia tanto se puede imponer a los “maltratadores” como a los revolucionarios.

El Procés tiene visos de agotarse a contar desde el 2 de Octubre de este mismo año. Habrá servido para contener la protesta que se inició el 15 de Mayo de 2015, para propiciar un nuevo reparto de poder entre la burguesía catalana y la española y para desprestigiar a la izquierda. La cuestión de la defensa de las mujeres, sin embargo, sigue sirviendo al poder para esconder las causas de la violencia de las mujeres y reducir nuestros derechos y libertades. Tanto para defender y ejercer el derecho de autodeterminación de cualquier pueblo, como para protegernos y dar respuestas válidas a la violencia que sufrimos las y los trabajadores, hemos de ser capaces de descubrir las mentiras que quieren que nos traguemos. Eso no sucederá sin espíritu crítico, sin formación, sin análisis. Pero sobre todo, eso no sucederá sin una organización donde poner en marcha, a todos los niveles, un proyecto político nuestro, de clase, por la igualdad efectiva de todos los seres humanos, contra la opresión. Una vez más, el tiempo apremia.

  1. https://cat.elpais.com/cat/2017/08/20/catalunya/1503229062_380609.html
  2. http://www.publico.es/politica/interior-sigue-informaciones-policiales-falsas.html
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