La normalización de la precariedad laboral en la ciencia


El pasado 21 de mayo, la Secretaría de Estado de I+D+i abrió a consulta pública (fase que quedó cerrada el día 5 de junio) el Estatuto del Personal Investigador en Formación: “La adopción del nuevo estatuto responde al mandato establecido en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de adoptar una nueva normativa que sustituya al estatuto actual, del año 2006, y que incluya las novedades introducidas por dicha ley para el contrato predoctoral”, reza la página web de la SEIDI respecto a la necesidad del estatuto. Se supone que este trámite está dirigido a recoger la opinión de los sectores afectados (u organizaciones representativas) por una nueva ley o Real Decreto, antes de su redacción. O al menos, esto nos responden amablemente tras preguntar si podríamos ver el borrador sobre el que se trabaja:

Es decir, la persona que atiende el correo electrónico de la consulta pública nos informa de que no existe borrador. Sin embargo, la negociación real del EPIF lleva en marcha desde 2017, como sabemos gracias a diferentes colectivos que han estado implicados (asambleas predoctorales, la Federación de Jóvenes precarios, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF) y que puntualmente han ido informando del progreso de la mismas. Estas negociaciones, por cierto se han llevado a cabo a puerta cerrada y con borradores confidenciales durante todo el proceso. Esta práctica es habitual, aunque desde luego genera desconfianza entre los potenciales afectados.

Todo comenzó cuando de forma unilateral, en marzo de 2017, el gobierno decidió cambiar el código del contrato a todos los investigadores predoctorales. (1) Pasaron de tener un contrato por obra y servicio (código 401) a un contrato en prácticas (420).

Los trabajadores predoctorales comenzaron a ser conscientes de este cambio de código debido a que, en estas circunstancias, en lugar de la Tarjeta Sanitaria Europea, la seguridad social sólo les expedía el Certificado Provisional Sustitutorio. Aunque este hecho no está directamente relacionado con la naturaleza del contrato, (2), sino más bien con problemas derivados de la redacción de la propia ley de ciencia, hizo saltar la alarma para que muchas asociaciones de estudiantes de distintas universidades empezaron a organizarse para pedir, ya no solo que revirtiera el cambio de código, sino una mejora real de las condiciones laborales para los trabajadores de este sector. Debido al carácter “formativo” que hasta la fecha se consideraba que tiene un contrato de los investigadores predoctorales, el contrato de obra y servicio en el que se encuadraban este tipo de contratos, era de carácter especial, por lo que no existía el derecho a una indemnización por finalización de contrato, a una baja maternal o paternal propiamente dicha (se podía interrumpir el contrato, pero la persona no recibía un salario) o a una interrupción del mismo, por motivos de salud. Estas condiciones además se aplicaban de manera arbitraria en función de en qué región o institución estuviese trabajando el investigador (en ciertas comunidades autónomas y centros de investigación sí se disponía de éstos derechos laborales).

Gracias a la organización de éstos trabajadores predoctorales, sabemos que borrador del EPIF existe, al contrario de lo que nos dice el community manager de la SEIDI. El que nosotras hemos conseguido es –teóricamente- anterior al que ahora está sobre la mesa, y en muchos aspectos replicaba literalmente el artículo 21 de la Ley de Ciencia, por el que se han regido hasta ahora los contratos predoctorales. (2) Todos los sindicatos implicados publicaron comunicados explicando las mejoras sobre el borrador que había aceptado la SEIDI, tras la reunión celebrada el 13 de abril (3). Parece que ésta prometió incorporar esas mejoras y remitir el nuevo borrador una semana más tarde. Desde entonces, no ha habido más comunicaciones públicas sobre el tema hasta que la SEIDI ha abierto la fase de consulta pública que abre el trámite de aprobación.

El último borrador que presentó la SEIDI tras casi un año de negociaciones en las que parecía que habían aceptado muchas de las reivindicaciones hechas desde los colectivos predoctorales, de repente retrocedía casi al texto original. En dicho texto, se proponían sueldos mínimos irrisorios – del 56% de lo fijado para ayudante no doctor en los dos primeros años, 60% el tercero y el 75% el cuarto. Esto, en el caso por ejemplo de la Universidad Complutense de Madrid (4) supondría que un doctorando cobraría 11.543 euros anuales (en 12 pagas queda con 961 euros/mes brutos) en los dos primeros años. Tras la última negociación, parece que se ha solucionado este punto fijando un sueldo mínimo de 16.422 euros anuales. También parece que la SEIDI ha aceptado que se pague al trabajador una indemnización por despido.

La necesidad de incluir éstas cuestiones básicas en el EPIF, y de que por desgracia no se contemplen automáticamente, procede de la ambigüedad que genera la palabra “formación”. La obtención de un doctorado se ve, desde fuera y desde dentro, como una continuidad de los estudios universitarios, y esto impide en la mayoría de los casos que haya una concienciación real sobre derechos laborales en este contexto. De hecho, hasta hace no tanto, la realización de un doctorado no tenía legalmente reconocido el pago de un salario; más adelante, en 2006, se aprobó el primer estatuto de personal inverstigador en formación, a partir del cual se implantaron las becas 2+2 (2 años de beca y 2 de contrato). Sin embargo, la realidad de un doctorado es que se hacen jornadas de trabajo diarias de más de 8 horas para generar conocimiento. Este conocimiento, se vende como una mercancía de la que sólo el propio interesado se va a beneficiar, y con ésta fábula se convence a muchos para que hagan estas jornadas de trabajo imposibles en muchos casos incluso sin cobrar. Pero la realidad es que repercute en las posibilidades del grupo de investigación, del supervisor y por supuesto de la universidad o centro de investigación para conseguir financiación, para mantener su prestigio y su producción científica. Se tiende a pensar, en el estilo neoliberal, que toda esta producción investigadora es un éxito profesional y personal cuando en realidad es un trabajo necesario para mantener toda una estructura de poder destinada a la producción, por un lado, de trabajadores cualificados, y por otro, de conocimiento. La universidad y el centro de investigación no dejan de ser fábricas disfrazadas de otra cosa.

Por estas razones era importante que en el EPIF se eliminase toda referencia al carácter formativo de la etapa predoctoral, cosa que no se ha hecho en su totalidad, ya no se define el contrato como “formativo” pero hay numerosas referencias a este hecho por todo el texto.

Otra de las consecuencias que trae la cultura del falso beneficio personal de la que hablábamos arriba, es la convicción de que es uno mismo el que debe asumir las consecuencias de cualquier interrupción que las circunstancias personales impongan en el periodo predoctoral. Así, una de las peticiones de los colectivos predoctorales es que se suspenda el cómputo del contrato durante situaciones de incapacidad temporal (maternidad/paternidad, bajas por enfermedad). Incluso las causadas por situaciones “de incumplimiento de las tareas del director”, que es una manera diplomática de decir acoso laboral. Que se suspenda el cómputo del contrato supone que estos meses no contarían dentro de los 4 años de duración total del contrato. La justificación intelectual para esto se basa en que el rendimiento del doctorando baja durante estos períodos y esto iría en detrimento de la calidad de su trabajo. De nuevo, se piensa en la producción investigadora como un bien que sólo reporta beneficio al propio trabajador, y que si éste no está a la altura es él mismo y no la organización la que debe asumir el coste. Es el trabajador el que debe estar permanentemente preocupado por hacer un trabajo de calidad, a la altura de las expectativas, y no avergonzarse a sí mismo y a la institución a la que representa con una tesis menos completa.

Las situaciones de incapacidad temporal las cubriría la seguridad social, pero para las de “de incumplimiento de las tareas del director”, esto no está especificado. De hecho, UGT pidió explícitamente que se incluyese en la última reunión, de lo contrario, las personas que se acojan a esta interrupción del contrato podrían pasar hasta 4 meses sin cobrar. Además, cabe destacar que según el borrador del EPIF que manejamos, primero el trabajador predoctoral debe tener un dictamen favorable (no se especifica de qué órgano, si la universidad, el departamento o un tribunal de justicia) sobre la reclamación oficial que haga contra su director de tesis. Cualquiera que esté mínimamente familiarizado con lo que supone una situación de acoso laboral sabrá que, no sólo es difícil de demostrar, sino que además la persona que la sufre tarda mucho tiempo en identificarla y dar el paso para denunciarla. Incluso en centros de trabajo donde existen protocolos específicos, éstos suelen estar sujetos a que haya pruebas contundentes del caso.

Otro punto que ha sido conflictivo son las horas de colaboración docente. Desde sindicatos y asambleas predoctorales se pedía reducirlo a 180. La SEIDI ha insistido en que sean 240, y así aparece reflejado en el borrador que tenemos. La importancia de éste número de horas radica en el hecho de que en muchos casos se pone a los trabajadores predoctorales a dar clases que corresponden a la carga docente del departamento donde están, clases que salen gratis para la organización porque una vez más se vende como una magnífica oportunidad de ampliar el currículum, y no como un servicio que se hace a la universidad. En este sentido, UGT es el único sindicato que en su comunicado menciona que ha pedido que se incorpore al EPIF una frase que especifique que la carga docente del departamento no puede reducirse con las horas de colaboración docente realizadas. Además, la lógica de que el único beneficiado de su propio trabajo es el trabajador opera una vez más en la cabeza de los predoctorales, haciendo que éstas horas de docencia muchas veces se añadan a la jornada laboral. Es decir, toda hora que estoy enseñando no estoy haciendo mi tesis y tengo que recuperar ese tiempo. Por supuesto hay muchos directores de tesis que fomentan esas dinámicas y, aunque la colaboración docente no sea obligatoria ni el trabajador tenga porqué recuperar horas, la realidad es que la presión por cumplir todos estos requisitos para seguir ascendiendo en la carrera investigadora hace que todas estas situaciones se den con bastante frecuencia.

Alicia Poch, Laura Sánchez y María Comaposada

 

(1) Más información sobre la problemática en torno a los contratos predoctorales en: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2017/03/notas-sobre-la-problematica-de-los.html

(2) Cuarto comentario en http://precarios.org/forumthread112484

(3) http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/211286.pdf

(3) http://ccoo-precarios.blogspot.com/2018/04/mejoras-salariales-en-el-ultimo-epif.html

https://drive.google.com/file/d/178EfLDfWaCCvaUH7DiVHmY_bU4Y8YZhs/view

http://www.fespugt.es/sectores/ensenanza/noticias/24220-negociacion-del-epif

(4) https://www.ucm.es/portaldetransparencia/retribuciones-pdi-laboral-1

 

 

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